Por Edgar Restrepo Gómez, Historiador.
Resumen: el presente artículo pretende describir y analizar la evolución económica y financiera del municipio de Bello como entidad estatal durante sus primeros años, en los cuales enfrentó retos de administración, presupuesto de rentas y gastos, e inversión social. Hace énfasis en las dificultades financieras, de endeudamiento y pago ante las necesidades de infraestructura y desarrollo local. Igualmente, busca suplir el vacío de historia sobre el estado municipal de la ciudad, a través de sus obras de progreso y desarrollo, así como de sus dificultades administrativas y económicas.
Palabras clave: Bello, presupuesto, inversión social, financistas, endeudamiento, rentas, Compañía de Tejidos de Medellín.
Primera organización del municipio
Los trabajos sobre la historia del Estado y sus instituciones, así como la historia de las elites políticas o la historia de la cultura política, las mentalidades y los imaginarios fueron un campo de poca investigación en los últimos años. Según Médofilo Medina[1], la historia sobre el Estado colombiano se inicia en 1984, con el trabajo de Bernardo Tovar La intervención económica del Estado en Colombia, 1914-1936; y ha permitido analizarsu papel regulador, mediador e intervencionista en las actividades económicas, sociales, urbanísticas, además de los conflictos sociales y políticos.
Con respecto al tipo de Estado colombiano, se reconoce que la Constitución de 1886, en la mayor parte del siglo XX, fue la que determinó su forma organizativa, en el que el poder se concentró en la corporación legislativa (congreso, asamblea y concejo) y en su parte ejecutiva (presidente, gobernador y alcalde). Adicionalmente los partidos políticos tradicionales y sus disidencias, marcaron su dominio hegemónico, en este caso, el Partido Conservador hasta 1930.
La creación de Bello como entidad municipal, implicó varios retos administrativos, políticos, económicos. En materia económica, fue la obtención de ingresos y recursos necesarios para sostener sus empleados y sus escuelas, así como la construcción de las obras de infraestructura que demandaba su creciente población. En materia política, la Constitución de 1886, había establecido un tipo de estado municipal, en el cual el concejo concentraba el poder de dirección de la población, apoyado por el alcalde y dirigido por la clase alta, que determinaba la organización administrativa y presupuestal. Además, se basó en una democracia restringida porque solo los varones con renta podían ejercer el derecho al voto y lo hacían según el bipartidismo imperante; porque además, era allí donde tenían asiento los poderes locales y regionales de las clases sociales y de los tradicionales partidos políticos.
En materia organizativa implicaba la conformación del concejo para nombrar el cuerpo de funcionarios, así, su elección implicó superar dificultades simples como establecer el número de habitantes para saber cuántos ediles se elegían, igualmente ese primer censo sirvió para saber la población apta para votar y obtener así la cédula electoral. Para el 6 de julio de 1913, votaron finalmente 221 electores.
Elegido el concejo, una de sus primeras medidas fue la organización del presupuesto de rentas y gastos; un gabinete administrativo para recaudar y ejecutar las obras, así como la aplicación de ordenanzas y leyes, que le permitieran tener planificación, control y autoridad sobre el territorio; en especial, requirió una capacidad de negociación con diferentes sectores sociales y políticos, que le permitiera establecer el crecimiento de la ciudad moderna. Bello, al igual que otras ciudades del país, se caracterizó en sus comienzos por la influencia de los intereses privados, y un rezago en la aplicación de normas que regularan y gravaran la actividad económica privada, aspecto que se sumó a la condición de hipoteca, casi permanente por carecer de suficientes recursos para ejecutar importantes obras.
La ordenanza departamental que estableció el nacimiento de la entidad municipal de Bello, el 1 de julio de 1913, fue acompañada de algunos decretos del gobernador para establecer la organización administrativa como el establecimiento de las reglas para la liquidación del presupuesto de rentas y gastos y la convocatoria a las elecciones del concejo[2]. Ambos elementos eran indispensables para su funcionamiento, dotación de recursos y una corporación que con el concurso de los empleados directos, ayudase a adminístralos. En efecto, entre las primeras acciones del concejo elegido el 6 de julio, se estableció el gabinete: conformado por el alcalde y su secretario, el juez y su secretario, el tesorero de rentas y el personero. Posteriormente, se conformaron los empleados directos de la alcaldía, un comisario de policía y tres auxiliares, así como en educación, los directores de las escuelas y los maestros. En febrero de 1914, se incorporó un médico que atendía a hombres y animales, para reconocer las reses, cerdos y carnes para el consumo, las vacunas, aplicar las medidas del comité departamental de higiene, visitar las escuelas, recetar gratis a los pobres durante dos horas al día, expedir gratis certificados a los empleados, cumplir las comisiones del concejo y rendir un informe mensual de sus deberes. Ese médico fue Luis Arango, uno de los promotores para convertir al corregimiento en municipio, además del cambio de nombre.
El presupuesto para el segundo semestre ascendió a $2.954,80 pesos oro[3] , unidad de medida de la moneda colombiana, que fue determinada por la Ley 33 de 1903, con el fin de brindar estabilidad a su valor, debido a la fuerte devaluación efectuada durante la guerra de los mil días. La conversión del papel moneda fue un proceso lento, que vino a conseguirse cabalmente en 1923, con la creación del Banco de la República.
Los salarios de los empleados estuvieron por debajo de los de Medellín. El problema era el atraso en el pago, por la insuficiencia de los ingresos municipales en los primeros meses de la recaudación. Generalmente eran los maestros y los secretarios, los más perjudicados al respecto. Por ejemplo, al maestro y concejal Carlos Franco se le debían seis meses en 1914. Por la misma situación, los abogados contratados para hacer frente a los litigios del municipio amenazaban con renunciar si no les ponían sus salarios al día. En épocas de alto endeudamiento por los empréstitos, los principales afectados fueron los empleados, incluso con la rebaja de sus sueldos. En los primeros años, los gastos más altos estaban en tres rubros: educación, obras públicas y administración. Por otro lado, existían otros funcionarios que no recibían sueldo alguno, pero derivaban poder y prestigio con su posición como miembros de las juntas de catastro y de caminos. La junta municipal de catastro, jugaba un papel clave a la hora de tasar el gravamen sobre los predios. Por ello, la elección de sus miembros se hacía entre las personas de experiencia, conocimiento y clase alta, pues ellos eran los que sabían el valor real de los predios. Así lo confirma una misiva del alcalde Samuel Castrillón al gobernador, el 14 de julio de 1913: “me permito suplicarle señor secretario de gobierno, se digne hacer el nombramiento de los vecinos connotados y propietarios que deben completar la junta de catastro”.
Obras de inversión social
Uno de los primeros esfuerzos de inversión del municipio fue el establecimiento de la Casa Consistorial, donde se reunían las distintas oficinas de gobierno, como la alcaldía, el concejo, el juzgado, la cárcel. Para febrero de 1914, se compró a Dolores Restrepo de Zapata, una casa por $1.500 pesos, y se comprometían los ingresos en los siguientes seis meses en 1.000 pesos, con 15% de intereses por mora, se daba una cuota inicial de 500 pesos en oro inglés[4] (La equivalencia de metálico ante la devaluación de la moneda, debido a la guerra civil de los mil días). Además, se garantizaba el pago con la hipoteca del inmueble. Esta suma, a cargo del presupuesto del departamento de obras públicas, limitó las ejecuciones futuras en el ramo. Sin embargo, para 1916 se había saldado la deuda con parte de la contribución directa y se proyectaba la construcción del matadero público en $800 pesos para el año siguiente.
En efecto, el matadero municipal implicó la compra del terreno en el sector de La Madera, a Isaac Velásquez por $400 pesos oro, la cesión de aguas y la construcción del edificio, obra que duró inconclusa por un buen tiempo y generó reclamo de los matarifes, solicitando la suspensión del cobro del impuesto de degüello de ganado mayor y menor, mientras no estuviera en condiciones adecuadas. Sin embargo, el concejo municipal consideró que la situación financiera del municipio requería de ese ingreso, incluso para su terminación, por lo que restableció el cobro del impuesto y creó el empleo de administrador del matadero y de fontanero municipal. El matadero era un servicio y una renta que el concejo deseaba consolidar en el presupuesto, pero implicó fuertes gastos en su construcción que llevó en marzo de 1917, a solicitar un auxilio monetario a la Asamblea Departamental para su terminación, “de manera higiénica y que sirva de ornato a la población” y obligó a suprimir el empleo de comisario auxiliar, (creado por acuerdo No.11 del 31 de marzo de 1917) y rebajar en un peso los sueldos mensuales de los tres comisarios de policía; en tres pesos el salario del tesorero, y en dos pesos el sobresueldo del alcalde.
Y es que las limitaciones económicas del municipio estaban presentes. El personero Manuel María Velásquez hablaba de un déficit de $1.000 pesos luego de que se aplicara un nuevo régimen contable, y el alcalde Gabriel Zapata Restrepo en diciembre de 1917 comentaba que: “la mala situación pecuniaria en que se encuentra el distrito no ha dejado que se emprendan otras reformas en la población”[5]. Entre las obras que estaban en ejecución o en camino: el matadero público, la gestión para la planta eléctrica, el desarenadero para agua potable y el arreglo de las calles.
En 1918, la mentalidad de los dirigentes políticos del municipio y varios negociantes, a pesar de la precariedad del presupuesto, estaba enfocada a sacar provecho de las ventajas geográficas del municipio y sus posibilidades de desarrollo, cuando afirmaba por ejemplo Timoteo Jaramillo, uno de los principales urbanizadores de la ciudad, que “su situación geográfica, la salubridad de su clima, la fecundidad del suelo, sus abundantes aguas, es un llamado a prosperar no muy lejos a la población…”.[6] En ese sentido entonces, era de “utilidad y conveniencia pública”, que se impulsaran diferentes obras como el alumbrado público con su planta eléctrica, el arreglo de calles, el acueducto y las fuentes de agua. Por ello, ante la presión descrita, el concejo autorizó en agosto al personero para contratar un empréstito hasta por $8.000 mil pesos, el cual hipotecó los fondos comunes y las rentas departamentales de licores, tabaco y degüello de ganado mayor[7].
De igual forma, constituyó un reto para las finanzas del nuevo estado municipal, el uso y la reglamentación de las aguas, la distribución y construcción de fuentes de aguas y acueductos, debido al fomento de nuevos barrios como Andalucía y Manchester, situación que se añadía a la presión creciente por su uso, tanto de los pobladores como de la industria textil. En parecida circunstancia, se encontraba el reto en la organización y planeación urbanística con el trazado de calles, además de las excepciones tributarias a diez años que se realizaban como compensación a las sumas invertidas por el sector privado, como fue el caso de la Sociedad de Urbanización Mutuaria en el barrio Andalucía. También se aplicaron estímulos tributarios para el establecimiento de nuevas industrias, según el acuerdo No. 32, del 13 de mayo de 1918; o la exención en impuesto predial al acaudalado Emilio Restrepo Callejas por haber cedido fajas de terreno para las calles de Berrío, Cisneros y Sucre, “para procurar salida más rápida a los habitantes de la población a la estación del ferrocarril de Antioquia. Además se autorizó el desembolso de 1500 pesos para la terminación de las calles”[8].
La modernidad de los pueblos a comienzos del siglo XX, se medía de acuerdo a varios elementos progresistas: la creación de industrias, el trazado del ferrocarril y el tranvía, y la instalación de la luz eléctrica. Desde 1913, el concejo inició gestiones para construir la planta y el alumbrado eléctrico, primero intentó aprovechar los conocimientos del ingeniero civil Alejandro López, y su necesidad de energía eléctrica para una de sus fincas, El Piñón, donde pensaba montar un motor hidráulico y la industria de cabuya; pero después de varios intentos, el concejo no logró establecer un compromiso de montaje con López, porque al año siguiente le proponía al gerente de la Compañía de Tejidos Medellín, Emilio Restrepo C., un contrato de producción de energía eléctrica. Gestión que tampoco dio resultado positivo.
Para septiembre de 1915, por iniciativa del presidente del concejo Carlos Franco, la firma de ingenieros Cock, Sanín Villa, realiza una conferencia para ofrecer la instalación de la planta eléctrica, con oferta de estudios preliminares de costos totales de la obra, brindar un empréstito, la exención de aduanas, la rebaja de fletes del ferrocarril, montar la planta y obtener el permiso del gobierno nacional para hipotecar los bienes y rentas del municipio[9].
Como se ha señalado, no existían las condiciones óptimas de recursos del municipio para llevar a cabo la obra y realizar el empréstito. Ya lo había dicho el alcalde Gabriel Zapata Restrepo y por ello trascurrido un año desde la iniciativa de Carlos Franco hasta la declaración de “utilidad y conveniencia pública” del alumbrado eléctrico en abril de 1917.
Según el acuerdo No. 14, se autorizaba al personero para escoger el terreno para la instalación de la planta eléctrica, “con la capacidad que determine un ingeniero competente”, y al presidente del concejo para entenderse directamente o por medio de otro, con el gerente de la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas de Medellín, con el fin de obtener el permiso de producir energía eléctrica en el municipio para alumbrado público y particular, y uso industrial; y conseguir de la compañía en mención, el permiso de fijar el precio a los servicios que preste por este medio. En el acuerdo citado, se estableció una suma base de $5.000 pesos para la instalación de la planta eléctrica con todos sus accesorios.
Aunque la nueva iniciativa del concejo de 1917 planteaba autorizaciones y posibles negociaciones con la Compañía Antioqueña de Instalaciones Eléctricas de Medellín, no fue sino hasta 1919 que se obtuvo el empréstito de $7.000 pesos con la Mutualidad Nacional, que daba vía libre al proceso de adquisición, montaje y funcionamiento de la planta eléctrica y del alumbrado público en el municipio. En esa negociación participó el ingeniero Alejandro López como comisionado especial y Tomás Uribe como gerente de la Mutualidad Nacional. La demora se puede explicar como resultado del efecto negativo de la Primera Guerra Mundial sobre las exportaciones de café, los circuitos comerciales, el crédito y las finanzas públicas del Estado Central, los bancos y prestamistas y, en general, de la incertidumbre que la guerra creaba en el desarrollo del país[10]. Por ello, solo hasta el 7 de enero de 1919, el concejo autorizó a su comisionado especial, al ingeniero Alejandro López y al personero Lisandro Uribe para obtener el empréstito con Tomás Uribe, gerente de la Mutualidad Nacional, por la suma de $7.000 pesos. Aunque en septiembre se requirieron $2.500 pesos adicionales para terminar los trabajos, con un crédito total de $9.500 pesos oro.
Durante 1919, se realizaron las obras de la planta eléctrica, se suscribieron contratos con diferentes compañías: el 2 de junio con Juan José Ángel y Cía para su instalación y montaje por valor de $120 pesos oro; el 1 de mayo, con Escobar Londoño y Cía para la compra y suministro de la rueda Pelton de 30 pulgadas de diámetro por valor de $400 pesos oro; y el 29 de julio con Juan de la Cruz Posada, gerente de las Empresas Municipales de Medellín (futura EPM) para los tableros, generador y circuitos, por valor de $459 pesos oro. Todo bajo la supervisión del ingeniero Alejandro López.
También se hicieron indispensable dos medidas adicionales: la apertura de las dos calles que conducían a la planta y la delimitación del área territorial de la cabecera municipal, para determinar la cobertura del servicio de alumbrado y, por tanto, de las tarifas correspondientes. El alumbrado eléctrico impulsó una mejor organización, orden y aseo de las calles y casas, en momentos en que se creaban nuevos barrios y apertura de vías, como Andalucía y Manchester, barrios que demostraban el “ensanche de la población que necesita de nuevas viviendas debido al progreso considerable” [11].
El suministro de energía también buscaba beneficiar a las instituciones educativas del orden departamental como la “Casa de corrección de menores y Escuela de Trabajo” y al futuro corregimiento de Fontidueño, como corrobora las palabras del concejal Lázaro Cadavid, en una carta de solicitud de auxilio a la Asamblea Departamental: “hoy más que nunca es cuando ese establecimiento necesita de tal elemento, porque así lo requiere el progreso material e intelectual que es objeto de su creación…” [12].
El préstamo de la Mutualidad va a ser un dolor de cabeza para el municipio, pues desde este año, en dos ocasiones (25 de marzo y 31 de julio) se autorizaron pagos de intereses en total por $347 pesos oro y aunque se estableció una cuota mensual de $140 pesos, los intereses de mora fueron altísimos. Se incrementó la deuda y se produjo un juicio ejecutivo en contra del municipio en 1924, con embargo de la planta y las rentas importantes correspondientes al departamento.
Prosperidad al debe
Ante la incapacidad del municipio, de construir por sus propios recursos, las obras que demandaba su crecimiento, en especial porque el monto de varias de ellas rebasaba su presupuesto, las autoridades se vieron obligadas a recurrir a diferentes empréstitos con sociedades anónimas, acaudalados empresarios, comerciantes y hombres de negocios.
Una de las primeras financiaciones que tuvo el municipio fue para terminar la calle que conducía a la estación del ferrocarril, mediante un préstamo del Ferrocarril de Antioquia por $300 pesos oro, pagaderos en cuotas mensuales de $50 pesos oro, sin ningún tipo de interés, a partir del 1 de enero de 1914[13]. Para este año, el concejo era consciente de la llegada del ferrocarril y su estación a la población, y se requería el “arreglo de la Calle Abajo”, por su mal estado y la falta de espacio adecuado para los peatones como aleros y aceras, asunto de obligación de los dueños de edificios y predios, y además porque el concejo consideraba que era una preparación para “recibir dignamente al ferrocarril, cuanto porque es ésta la única calle que nos conduce a la estación de aquel”[14]. Además, que era la vía única para acceder al ferrocarril, situación que se iba a convertir en una vía fundamental de comunicación para acceder a la modernidad de las comunicaciones terrestres.
Como hemos visto, el municipio realizó en 1919 un empréstito con la Mutualidad Nacional por valor total de $9.500 pesos oro, y aprovechó los mejores ingresos de las rentas, para abonar en 1922, un pago inicial de $4.500 pesos para capital e intereses. Sin embargo en 1924, el municipio presentaba retraso en los pagos mensuales y el gerente de la Mutualidad Nacional anunciaba el proceso ejecutivo en contra; por lo que el gobernador Ricardo Jiménez le sugirió al presidente del concejo que “vería con sumo agrado que, para mantener el crédito de la entidad municipal, se solucionara favorablemente el asunto en cuestión”[15].
También estaba la acreencia con la sociedad United Engineering Corporation, pues en 1920, su gerente Ramírez Johns, en una carta al concejo, comentaba que deseaba tratar la deuda contraída por el Municipio, “en forma correcta y justa, por estar convencidos del criterio justiciero y honrado en exceso de todos y cada uno de los muy dignos miembros de esa honorable entidad, no queremos recordar en público penosos asuntos que francamente no harían mucho honor a la corporación saliente” [16]. Esa deuda contraída por el concejo elegido anteriormente, se debía a la compra de los paneles y controles de la planta. En esa comunicación refería los desacuerdos y discusiones planteados con el concejo para el ajuste de las cuentas de la deuda. Para 1923, Ramírez Johns continuaba cobrando y la respuesta dada fue igual a la Mutualidad Nacional: “las actuales circunstancias pecuniarias del distrito no son buenas, pero sí hay la ilusión de conseguir un empréstito que hace días se proyecta con el fin exclusivo de solventar dicha deuda…se creará el modo de pagarles lo más pronto posible”[17]. Otros acreedores, como el ingeniero Alejandro López, reclamaron el pago de cuentas pendientes: “para poder terminar las instalaciones particulares de luz, me vi en el caso de tomar fiados algunos materiales, según cuentas que están en poder del tesorero. De esas cuentas ya me han cobrado algunas, pues el fiado se hizo bajo mi responsabilidad particular, es el caso que ya hoy se me deben $ 182.90 que he pagado de mis fondos”[18].
Adicional a la crisis en el pago de sus deudas, el municipio puso en apuros sus finanzas, porque los principales funcionarios solicitaban un aumento de sus salarios debido a su baja remuneración, así se desprende de una comunicación del 29 de enero de 1920:
“Que teniéndose en cuenta la situación muy anormal que atravesamos y que hace dificilísima la vida a los que como nosotros vivimos únicamente de un sueldo, de tal suerte que solo podemos atender con él a parte de nuestras obligaciones, demandamos de esa H. corporación fije la atención en el modo de hacer justicia remunerándonos de una manera equitativa. A los H:H: concejales no les es desconocido el interés que todas las corporaciones, han tomado por sus subordinados pues desde el humilde taller hasta los altos puestos han sido duplicados sus salarios o sueldos. Por todas estas razones confiamos en ser oídos en nuestra justa petición”[19].
En 1922, se suma otra deuda, cuando el concejo determina $1.110 pesos oro, para la reparación de la Casa Consistorial, el pago del ingeniero Leopoldo Villa para la perfilada de las calles y los honorarios del abogado Lázaro Tobón, en representación del distrito en los juicios contra el gerente de la Fábrica de Tejidos Medellín, Emilio Restrepo Callejas en el tribunal Contencioso Administrativo y el juzgado tercero civil de Medellín[20].
El alcalde reconoce un déficit en el presupuesto en enero de 1922, cuando afirmaba que: “si se anula la ordenanza que autoriza el derramamiento de la contribución directa, queda con un déficit de tres mil pesos, difícil de amortizar (…)”. En igual sentido, el personero José A. Gutiérrez, llamaba la atención sobre las consecuencias de tal suspensión y su gravedad porque “la deuda del tesoro municipal es muy crecida, pues asciende a $7.402.54 pesos, incluyendo el empréstito que se hizo para la planta” [21].
El concejo tomó una serie de medidas para conjurar el déficit señalado: en febrero y autorizado mediante ordenanza No. 11 de 1921, estableció una cuota adicional de la contribución directa, de dos por mil sobre los capitales gravables, a través dela propiedad raíz y los bienes muebles; en marzo rebaja el 10% de los salarios mensuales de los empleados municipales; en abril suprime el puesto de oficial escribiente de la alcaldía, así como el corregimiento de Fontidueño, creado en 1917 y los empleados respectivos: inspector, secretario y comisario de policía, pasando el mobiliario a la alcaldía. Se aducía el ahorro de 300 pesos con la supresión de Fontidueño pero en realidad fue una medida política y burocrática, más que de viabilidad financiera, puesto que aumento los sueldos del alcalde y el juez con sus secretarios, en $222 pesos mensuales. Igualmente se incrementó en $140 pesos mensuales el impuesto a la Fábrica de Hilados y Tejidos, quedando finalmente en $250 pesos. El aumento comenzó a regir a partir del 1 de agosto, “salvo que la gobernación lo declare inconstitucional” [22].
Y el pago de uno de gravámenes más importantes, como era los impuestos de la fábrica de textiles estaba teniendo dificultades. En efecto, en noviembre de 1923, el pago del gravamen estaba sufriendo tardanza, pues se habían presentado diferencias en el monto del impuesto de consumo y habían llegado a instancias judiciales, con juicio ejecutivo del municipio contra la fábrica. Poco después, su gerente Ramón Echavarría había llegado a un arreglo, pero solicitaba reconsideración de la tarifa, pues había pasado de 90 a 160 pesos, “sin motivo racional ninguno fue elevado por el concejo anterior, probablemente por recausa de diferencias que desgraciadamente ocurrieron entre el concejo anterior y la fábrica”[23]. Otra de las medidas utilizadas por el concejo para hacer frente a la crisis, fue rebajar en el nuevo año de 1924, los sueldos de los empleados, de igual forma, entraba a dudar de las competencias del alcalde Manuel Martínez, para dirigir el municipio, pues aunque poseía “intachable conducta y moral”, el pueblo requería “una persona de bríos y energía”. Por ello comenzó a estudiar en sesión secreta la propuesta de candidatizar un nuevo alcalde en la persona de Abraham Espinal, que es “competente y honrado”[24].
Para diciembre, se vuelve evidente el desequilibrio en el presupuesto y se pide una nueva reformulación[25]. El concejal Mejía afirma que el presupuesto tenía un gran desequilibrio, y propone una nueva revisión y “para introducirle las reformas que sean necesarias”.
En marzo de 1924, la situación financiera se había vuelto insostenible, porque lo que se necesitaba con urgencia era poner en orden las deudas contraídas, y los mecanismos de pago. El distrito decide entonces,nombrar al abogado Lázaro Tobón como representante ante los juicios ejecutivos ypublicar en hojas sueltas la situación financiera del distrito y así aclarar el asunto ante la opinión pública y sus acreedores: se debía la suma de $ 9.569,63 pesos por empedrada y balastada de las calles y suministro de agua a los barrios Nuevo Manchester y Andalucía, a varias casas comerciales de Medellín por cesión que hicieron los albañiles Luis y Trino Congote por varios trabajos; $11.848,80 pesos oro a la Mutualidad Nacional, entre capital e intereses atrasados; $1.726 pesos, a otras casas particulares por diferentes cuentas de plazo ya vencido. En total, $23.144,55 de pesos sumaban las deudas del municipio. Para julio se calculaban en $25.075 pesos.
La alta suma ponía en riesgo la viabilidad financiera del municipio al paralizarse las obras que se requerían y se ponía en entredicho su capacidad de pago y de asumir nuevos créditos: “Esta deuda fue contraída en vigencias anteriores, por lo cual el pueblo que necesariamente reclama al concejo actual las obras de progreso durante su vigencia no podrá extrañar que nada se haga, ya que la corporación debe de preocuparse por solventar dicha deuda y por salvar el crédito del distrito que está para perderse, pues ya varios acreedores han amenazado juicio ejecutivo contra la municipalidad”[26]. El concejo en junio estudia la situación, y en una sesión a la que asiste gran número de ciudadanos, nombra una comisión compuesta del personero, el presidente del concejo, Alfonso Zapata, Abelardo Villa, Alejandro Mesa y Timoteo Jaramillo; para entenderse con la gobernación y la mutualidad nacional, el modo de arreglar la cuenta del distrito y suspender el juicio ejecutivo. En especial, Alfonso Zapata intervino ante el juez segundo del circuito de Medellín[27]. No fue fácil el acuerdo con la Mutualidad Nacional y su gerente Tomás Uribe W., quien no deseaba levantar el secuestre de la planta eléctrica hasta que no se cubrieran los $50 pesos de los gastos del juicio ejecutivo, aspecto que no se tuvo en cuenta en la liquidación general. Esta situación molestó mucho al concejo, el cual decía que:
Le extraña profundamente la marcada morosidad que esa casa gasta para levantar el secuestro que en su favor y en contra de este distrito posee, máxime si se tiene en cuenta que los recomendados para cancelar la deuda de esta municipalidad cubrieron el valor total de la liquidación presentada por esa entidad. Y que no parece que este municipio sea responsable de la incompetencia o descuido de los encargados de la liquidación, como tampoco le parece aceptable el medio adoptado por la Mutualidad para hacerse reconocer tan pequeño error. Y en consecuencia se suplica al señor gerente respetuosamente, que a la mayor brevedad posible pida el levantamiento del mencionado secuestro ya que él está ocasionando graves perjuicios al distrito[28].
En vista del crecimiento de la deuda y como medida de ahorro, el concejo decide rebajar un diez por ciento de los salarios al personero y a los empleados municipales, excepto a los comisarios de policía y al juez, ya que “las malas circunstancias pecuniarias del distrito así lo exigen. Empleados: alcalde y su secretario, inspector de Fontidueño y secretario, tesorero de rentas, secretario del concejo, director escuela urbana y maestras, administrador de la planta y su ayudante”[29].
Con el fin de obtener un arreglo y unificar todas las deudas, el concejo autorizó al personero para contratar un empréstito por $25.000 pesos y sereconocían las causas del endeudamiento: las obras públicas ejecutadas con ocasión del arreglo de las calles; el vencimiento de la deuda con la Mutualidad Nacional por la construcción de la planta eléctrica, y su consecuente hipoteca, situación que ponía en peligro la pérdida de una importante renta, que le daba recursos por 300 pesos mensuales[30]. El concejo creía que esa deuda podría ser atendida en un plazo de 10 años y por el sistema mutuario, con lo cual podrían cancelar todas las obligaciones pendientes. Por ello, solicitaron la asesoría de la gobernación para saber cuál medio era el más idóneo para solucionar la deuda del distrito, la respuesta fue enviar al visitador general del departamento, Guillermo Arango, para rendir un informe con los datos precisos de sus rentas y su capacidad de endeudamiento y de pago. Arango concluyó que era más conveniente unificar la deuda, y “sustraerse a las exigencias imperativas de los acreedores” y, por supuesto, a los juicios ejecutivos legales que estaban en curso. El concepto fue: “como resultado de todo lo anterior he llegado a formarme la convicción de que para el municipio de Bello es altamente conveniente y de suma utilidad, la consecución de un nuevo empréstito para unificar su deuda, única forma en que hoy podrá sustraerse a las exigencias imperativas de sus acreedores y a los consiguientes malos resultados de las ejecuciones que estos pueden establecer” [31].
En consecuencia, en junio se autorizó al personero para un empréstito de $25.000 pesos, destinados exclusivamente a cancelar los créditos pendientes por dinero invertido en la planta eléctrica, el arreglo de las calles y para dar como garantía de pago, los siguientes bienes: la planta eléctrica con sus edificios y enseres; el local del matadero público, la Casa Consistorial y la 19 unidades de centésima parte en las rentas que corresponden al distrito de las rentas departamentales de licores, tabaco y degüello de ganado mayor. En agosto se inicia el debate en el concejo sobre el empréstito con Emilio Restrepo Callejas, y luego de sortear cláusulas inconvenientes para el distrito y asegurar el pago del empréstito por medio de la pignoración de las rentas y la hipoteca de los inmuebles, según ordenanza No. 13 del 8 de abril de 1916, se estableció el contrato de la siguiente manera:
Un préstamo por valor de $25.000 pesos, a un interés 1 y un cuarto ciento mensual, con las condiciones de: plazo a 15 años desde el momento de la escritura; durante los dos primeros años el distrito no podrá hacer abonos al capital, a menos que lo consienta Restrepo, solo podrá hacerlo a partir del tercer año, hasta $1000 pesos anuales, en cantidades no menores de $200 pesos; el plazo se prorrogaba a petición de las partes, sin necesidad de nueva escritura; el concejo podrá retirar en cualquier tiempo, dentro del plazo estipulado en la cláusula anterior las sumas dadas en abono del capital, siempre que Restrepo convenga en el retiro de esas sumas. Los intereses se pagarán portrimestre vencido, según la tasa establecida. El concejo dispondrá de los $25.000 pesos que deja en depósito en poder de Restrepo, por medio de giros que firmarán el presidente, su secretario, el personero municipal y cualquier otra persona que el concejo exija. En caso de demora para el pago de intereses, el concejo se obliga a pagar, además de ellos, un interés adicional de tres cuartos por ciento mensual sobre el capital, por el tiempo de mora[32].
Estabilización de rentas y gastos
En julio de 1925, el municipio había superado su coyuntura de crisis con el arreglo de la deuda y el presupuesto había alcanzado un alivio en sus finanzas, debido al buen momento de la economía nacional con el ingreso de la indemnización del canal de Panamá por veinte y cinco millones de dólares y de la realización de diferentes obras públicas del gobierno de Pedro Nel Ospina. En este marco favorable, se incrementaron las rentas y contribuciones en el municipio, lo que permitió la superación de la crisis de deuda y el pago del empréstito de los $25.000 pesos en los siguientes años y se obtendrá un nuevo en 1929 por $30.000 pesos con Emilio y Lázaro Restrepo y Cía. para la construcción del acueducto municipal[33]. Y como decía el presidente del concejo en 1925: “hay notorio y halagador aumento en las entradas al tesoro por introducción de mercancías extranjeras y excedentes en la participación de las rentas departamentales”. Por ese buen momento económico, se autorizó la reparación y expansión de la planta eléctrica y con el levantamiento del plano, los primeros trabajos del parque. Así mismo, se aprueba el aumento de los salarios de los empleados de la planta eléctrica y la suma de $2.000 pesos para la construcción, reparación y conservación del acueducto público[34].
A la vez que se reglamentaba la ornamentación de las casas y calles, se regulaba la empresa del acueducto, porque el abastecimiento tradicional mediante aljibes naturales y fuentes de agua causaban insalubridad y enfermedades en la población, además de su limitada cobertura. Por ello en septiembre, se aprueban $2.000 pesos para terminar los trabajos de construcción de acueductos y $1.000 pesos para arreglo de las vías públicas.
La Compañía de Tejidos de Medellín
Desde los primeros inicios de la industria textil en Bello, con la creación de la Compañía Antioqueña de Tejidos (1902) y luego con la Compañía de Tejidos de Medellín (1905), se facilitaron toda serie de factores para su desarrollo: la caída y conducción del agua de la quebrada La García y La Chiquita para la generación de energía eléctrica, la mano de obra barata y disponible de mujeres y niños, los caminos a la estación del ferrocarril como El Carretero, y la actitud de la dirigencia local que la veía como síntoma y oportunidad de progreso, como bien lo decía el personero “que si no es de las mejores que tiene la república, figurará en segunda clase, le da al distrito un empuje muy grande hacia el progreso y adelanto de él, porque ocupa más de quinientos de sus habitantes en sus trabajos, cuales derivan su subsistencia de ella”[35]. Sin embargo, no existió una favorabilidad en exención de impuestos para atraer su instalación, como ocurrió en Envigado con la fábrica Rosellón en 1916, que tuvo una exención de impuestos por diez años. De hecho, la idea inicial era instalarla en Copacabana, pero dado la resistencia de los clérigos y de la población por la posible influencia negativa de las creencias protestantes de los ingenieros ingleses, los accionistas decidieron su traslado a Bello.
| Maquinaria textil de la fábrica de Bello. Era movida por fuerza hidráulica. Producían telas de algodón, paños y pañolones. Medellín el 20 de julio de 1910 S. M. P., 1910. |
Inicialmente el municipio gravó a la empresa textil con una suma baja, para favorecer su estabilización, en consecuencia para 1914, la tarifa estaba en $25 pesos mensuales y $300 pesos anuales y para 1917, se elevó a $50 pesos mensuales, o sea $600 pesos anuales[36]. Al principio, el municipio pretendió gravar su servicio de transporte en 1914, pero tuvo que descartarlo porque el gravamen fiscal englobaba a la compañía.
Otroaspecto del gravamen aplicado a la compañía sobre su uso de las aguas de las quebradas La Chiquita, La García y La Tatabrera para generar energía eléctrica e impulsar el motor de las máquinas. El municipio sustentaba su posición en cuanto que los cauces naturales de las aguas en el territorio eran un bien de uso público, y no podían desviarse para usos industriales, salvo que se suscribiera un privilegio o contrato con su respectivo canon de arriendo. Es así como mediante acuerdoNo.11 del 29 de junio de 1914, se grava el uso de aguas por parte de la Compañía de Tejidos de Medellín, a partir del 1 de julio, por la suma de $50 pesos de oro mensual.
En 1916, y elegido un nuevo concejo, se consideró que la Junta de Contribución Directa había cometido un error legal y económico al gravar en un solo impuesto global a la Compañía de Tejidos y no a cada socio de la misma y según las acciones que cada uno poseía. Esta medida fue demandada por el gerente Emilio Restrepo Callejas y tuvo como consecuencia un retardo en su recolección y un incremento en el monto de la deuda. Al respecto, el alcalde Lázaro Cadavid consultó al gobernador en agosto: “¿puede la junta de contribución directa…gravar individualmente los socios de esa compañía, atendiendo la tramitación de la ordenanza No. 21 de 1896?”. Igualmente, el concejo comisionó en septiembre al personero y tesorero municipales para consultar al respecto, lo que lo llevó a determinar en agosto que “de conformidad con el artículo dos de la ordenanza No. 11 del 18 de marzo de 1915, derramase una contribución directa municipal por valor de $2.000 pesos entre los socios de la Compañía de Tejidos de Medellín, por la fábrica de tejidos de este distrito, con el fin de llenar el déficit que arrojan los presupuestos de rentas y gastos en vigencia”[37].
Sin embargo, el gerente Emilio Restrepo Callejas para evitar el gravamen o uno mayor, solicitó la nulidad de la ordenanza No. 47 de 1915 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, porque revivía la ordenanza No. 8 de 1903, que prohibía todo gravamen sobre la fábrica de tejidos y la facultad del concejo municipal de imponerlo. Ante la acción jurídica, el concejo nombró en noviembre de 1917, al abogado Lázaro Tobón como su apoderado ante el tribunal con el fin de defender los intereses municipales en sus rentas. En este contexto, se puede apreciar la manera como la compañía de tejidos intentaba por medios jurídicos y políticos incumplir el pago de los impuestos o disminuir su recaudo, en una clara actitud de evasión que se vería a lo largo del siglo XX.
Mientras se resolvían las demandas en el Tribunal Administrativo y en el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Medellín, el municipio debió continuar realizando acciones efectivas para corregir el déficit en el presupuesto y el pago de las deudas contraídas, por ello decidió en julio de 1922, y por medio del abogado Tobón, adelantar un juicio ejecutivo contra la compañía, por las contribuciones adeudadas y aumentar el impuesto a la fábrica en $140 pesos mensuales, quedando finalmente en $250 pesos[38].
En junio de 1923, se da un cambio de actitud en la compañía textil frente al pago de los impuestos, en especial porque había asumido Ramón Echavarría como gerente y existía un nuevo concejo municipal, más dócil. Además, la situación jurídica no era favorable, porque las demandas habían resultado negativas y existía en camino un juicio ejecutivo, y es así como en noviembre se llega a un entendimiento entre las partes, donde Echavarría solicitaba reconsideración de la tarifa del impuesto, pues había pasado de 90 a 160 pesos, “sin motivo racional ninguno fue elevado por el concejo anterior, probablemente por recausa de diferencias que desgraciadamente ocurrieron entre el concejo anterior y la fábrica”[39]. En privado, Jorge Echavarría, otro miembro de la familia, criticaba con dureza al concejo llamándolos “parásitos”: “hoy no hubo nada en particular excepto que el simpático concejo decretó pago de impuestos por tener la fábrica funcionando totalmente y tenemos 28 telares funcionando. ¡qué parásitos!”[40]. En junio de 1924, el abogado del municipio Lázaro Tobón, le comentaba al concejo la recomendación del visitador general del departamento Guillermo Arango: que ante la situación deficitaria de las rentas del municipio, se debía “entrar en arreglo amigable con los señores Echavarrías para el pago de las deudas”, el cual se llevó a cabo.
La contribución del impuesto de la fábrica se mantuvo estable en los siguientes años, aunque con la constante de sus gerentes de solicitar rebaja y su estrategia de influir en la política del concejo para sus intereses. Como es el caso en noviembre de 1929, cuando Emilio Restrepo Callejas realiza un contrato nuevo con el distrito para la liquidación de impuestos de mercancías extranjeras, y se liquidan los impuestos hasta el 31 de mayo por valor de $2.000 mil pesos, “quedando ambas partes a paz y salvo en sus respectivas cuentas”[41].
Post scriptum
El crecimiento de la población implicó fuertes sumas de inversión social por parte del estado municipal, a partir de los créditos y préstamos de las compañías financieras regionales donde tenían asiento los principales miembros de la élite regional como la Mutualidad Nacional o Emilio y Lázaro Restrepo y Cía. Esta compañía sirvió de financista a varios municipios como Nariño, Abejorral, Ituango y San Carlos. El endeudamiento facilitó las obras pero implicó retos a las finanzas e ingresos municipales, a vivir con un carácter de precariedad constante y de “prosperidad al debe”, a la tardanza o rebaja de los salarios o supresión de empleos, a las medidas de ajuste fiscal, y a una situación general que marcó el destino de las contribuciones directas de sus habitantes y el permanente situación de hipoteca de los bienes y rentas del municipio al capital privado.
Esta tendencia de endeudamiento del municipio para cumplir con su desarrollo, permanece aún. La administración de Carlos Muñoz (2012-2015) recibió de su antecesor una deuda de más $80 mil millones de pesos y el reto de la actualización catastral, medida que causó malestar entre sus habitantes por sus altos incrementos. También afronta el reto que representa la llegada de 400 mil personas en los últimos años con el auge de la construcción de vivienda, donde el municipio deberá actualizar sus vías para afrontar el problema de movilidad. Adicional a este proceso, la atención en recreación y cultura, como en seguridad donde hay presencia de bandas delincuenciales poderosas como “Los Chatas”, extorsión a la mayoría de la población, una precaria fuerza policial de 258 agentes para una población cercana a los 650 mil habitantes. Y mientras la tasa de homicidios rebajó de 241 por cada 100 mil habitantes a 19, el microtráfico y el hurto a personas y la vacuna aumentaron[42].
Hoy como ayer, el estado municipal de Bello sigue enfrentando diferentes problemas en su desarrollo, el equilibrio en sus finanzas y la promesa de ofrecer a sus habitantes una ciudad sostenible en lo ambiental, en el modelo de ocupación del territorio y la inversión social.
[1] Medina, Medofilo En la historia al final del milenio: ensayos de historiografía colombiana y latinoamericana, 1994, Universidad Nacional de Colombia.
[2] Decretos 474 y 310 de 1913. Gaceta Departamental. No. 518, p. 3070
[3] Arango, Manuel e Imbol, Carolina. Historia del Concejo de Bello (1913-2013), p.35
[4] Acuerdo No. 5 del 12 de febrero de 1914, Archivo Histórico de Bello A.H.B.
[5] Centro de Historia de Bello (2013) Historia del Concejo de Bello 1913-2013, pp 67-70. Acuerdo 31 del 1 de noviembre de 1917. A.H.B.
[6] Correspondencia recibida, 8 de marzo de 1918.A.H.B.
[7] Acuerdo No. 26 del 27 de agosto de 1918. A.H.B.
[8] Acuerdo No. 9 y 10 de marzo 2 y 3 de 1923. A.H.B.
[9] Arango, Manuel e Imbol, (2013) Carolina Historia del Concejo de Bello (1913-2013), p.65
[10] Bejarano, Jesús Antonio El Despegue cafetero 1900-1928. En: Ocampo, José Antonio (compilador) Historia Económica de Colombia. Santa Fé de Bogotá, Siglo XXI, 1987, p. 221
[11] Arango, Manuel e Imbol, Carolina. (2013) Historia del Concejo de Bello (1913-2013), p.66. Acuerdo No. 26 de 1919, acuerdo No. 31 del 23 de noviembre de 1922 y 14 de septiembre de 1922.
[12] Carta del concejal Lázaro Cadavid al secretario de gobierno departamental, marzo 31 de 1917. Fondo gobierno-municipios. Archivo Histórico de Antioquia (A.H.A.)
[13] Contrato entre el personero Abelardo Villa y el superintendente del Ferrocarril, división Porce, Ernesto Cadavid, Acuerdo No. 6 de 20 de noviembre de 1913. A.H.B.
[14] Acuerdo No. 3, del 26 de agosto de 1913. A.H.B.
[15] Acuerdo No. 6 de 1919. Correspondencia recibida 1924. A.H.B.
[16] Carta de Ramírez Johns, (United Engineering Corporation) al concejo, 28 de enero de 1920. A.H.B.
[17] Acta del concejo No. 11 del 1 de diciembre de 1923. A.H.B.
[18] Carta al concejo municipal, 8 de enero de 1920. Correspondencia recibida, A.H.B.
[19] Carta de varios funcionarios, 29 de enero de 1920: alcalde Gabriel Zapata, secretario de la alcaldía José María Uribe, juez Samuel Velásquez, secretario del juez Aurelio Higuita, inspector de Fontidueño Luis María Agudelo, secretario de inspección Daniel Cano, policía de Fontidueño Marco Tulio Ayala.
[20] Acuerdo No. 30 de 1922, adicional al acuerdo No 14 sobre Presupuesto de Rentas y Gastos.
[21] Informes del alcalde y personero al gobernador, fondo Gobierno-Municipios, A.H.A.
[22] Acuerdo No. 3 de febrero 27, acuerdo No. 6 de marzo 20, acuerdo No. 7del24 de abril, acuerdo No. 16 de julio 23.
[23] Carta al concejo, del 30 de Noviembre de 1923. A.H.B
[24] Acta del concejo No.9 del 27 de noviembre de 1923. Acta No.21 del 14 de enero de 1924 A.H.B.
[25] Acta del concejo No.16 del 11 de diciembre de 1923. A.H.B
[26] Acta del concejo No. 29 del 19 de marzo de 1924. A.H.B
[27] Acta del concejo No. 30 del 23 de marzo de 1924, acta No.40 del 29 de junio, acta No. 43, del 25 de julio de 1924. A.H.B.
[28] Acta del concejo No.54 del 11 de noviembre de 1924. A.H.B.
[29] Acta del concejo No. 30 del 23 de marzo de 1924. A.H.B
[30] Acuerdo No. 23 del 25 de julio de 1924. A.H.B.
[31] Acta del concejo No. 42 del 24 de julio de 1924. A.H.B
[32] Acuerdo No.24 del 24 de agosto de 1924. A.H.B.
[33] Acuerdo No. 80 del 30 de abril de 1929. A.H.B.
[34] Acuerdo No. 18 del 6 de mayo de 1925. A.H.B.
[35] Informe de la Personería, 1916. Correspondencia gobierno-municipios. A.H.A.
[36] Acuerdo No.30 de 22 de noviembre 1917 A.H.B.
[37] Carta al secretario de gobierno, agosto 16 de 1916. . Correspondencia gobierno-municipios A.H.A. Acuerdo No. 30 de 1916 A.H.B.
[38] Acuerdo No. 16 del 23 julio de 1922.
[39] Carta al concejo, del 30 de Noviembre de 1923. Correspondencia recibida, A.H.B.
[40] Gómez, Anita. Medellín: los años locos, una mirada a la década del veinte a través de los diarios de un testigo. Medellín, UPB, impresos urgentes Ltda., 1985, p.67
[41] Acuerdo No. 2 de 1929. Este acuerdo, quedo en entredicho jurídico ya que el gobernador Camilo C. Restrepo se declaró impedido de confirmar o reprobarlo, pues lo unía al señor Emilio, un lazo de consanguinidad, era su hermano, por tanto dejó el estudio del acuerdo al secretario de gobierno.